20/06/2021

Dispuso otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de 200 millones de dólares.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional dispuso otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de 200 millones de dólares. En el mismo DNU asignó a IESA las acciones emitidas en favor del Estado Nacional en las sociedades generadoras General San Martín y General Belgrano.
El decreto faculta al órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público a favor de la empresa Integración Energética Argentina (IESA) que es controlada por el Estado.
La compra de fluido a Bolivia se realiza en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural suscripto con el país vecino el 19 de octubre de 2006. Ese Contrato fue firmado entre la ex Enarsa (actual IESA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y establece que la compañía argentina está obligada a otorgar y mantener vigente una Carta de Crédito Stand-By a favor de la compañía boliviana, que garantice el pago de los volúmenes de gas inyectados por ésta.
El Poder Ejecutivo aclaró que para garantizar “el normal abastecimiento de gas natural” en la Argentina durante el invierno, se hace necesario importar gas desde Bolivia.
En el mismo DNU, el Poder Ejecutivo asignó a IESA las acciones emitidas en favor del Estado Nacional en las sociedades generadoras General San Martín y General Belgrano. Por medio del Decreto N° 882/17 se dispuso una restructuración y reorganización de las empresas con participación estatal mayoritaria vinculadas al sector energético, con el objetivo de “limitar al mínimo posible la participación del Estado Nacional en sectores estratégicos de la cadena productiva de la energía”. Contrariamente a las definiciones y fundamentos expresados en este decreto, el Gobierno considera “esencial la activa participación del Estado Nacional, a través de sus empresas, en uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país como es el energético”.